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La Parguera, en Lajas. (Voces del Sur / Michelle Estrada Torres)

Gobierno no trabaja en un rescate económico para individuos y empresas afectadas por coronavirus

Michelle Estrada Torres
Voces del Sur

Mientras en países europeos como España e Italia, y en Estados Unidos, se han puesto en marcha planes de rescate económico para familias, trabajadores y empresas afectadas por la pandemia de COVID-19, en Puerto Rico el gobierno estatal dijo hoy que cualquier ayuda provendrá de la esfera federal en tiempo futuro.

Ni el Ejecutivo ni el Legislativo puertorriqueño han informado al momento que estén considerando decretar moratorias en el pago de hipotecas o préstamos. Ello ha quedado a discreción de las instituciones bancarias. Tampoco se ha hablado de eximir a la población del pago del Impuesto sobre las Ventas y el Uso (IVU), ni poner en marcha planes de estímulo económico para individuos o pequeñas y medianas empresas.

Esto, a pesar del estado de emergencia, la imposición de un toque de queda y un cierre parcial de negocios que ha comenzado a afectar a empleados que ven su jornada reducida o eliminada, empleados que si no trabajan no cobran, personas que laboran por cuenta propia o por servicios profesionales, y compañías que no forman parte de la cadena de servicios esenciales.

Solo se ha anunciado que no se suspenderán los servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones por falta de pago durante la cuarentena de 14 días, que concluye el 30 de marzo, y que la Administración de Vivienda Pública no cobrará renta a los inquilinos de los residenciales de toda la isla hasta que culmine el aislamiento social.

Además, el Senado de Puerto Rico aprobó hoy una medida que le otorgaría $500 a los empleados de negocios que han tenido que cerrar por causa del toque de queda, pero no pueden ser beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). El estatuto no incluye ayudas para otros trabajadores, para empresas ni para familias.

“Resarcir a futuro”

En una entrevista con WKAQ, la gobernadora Wanda Vázquez Garced opinó esta mañana que los empleados de empresas privadas “deberían mantenerse cobrando” a pesar del cierre, pero no explicó cómo el gobierno garantizará que así sea ni las consecuencias que enfrentarán quienes incumplan.

Además, dijo que el gobierno estadounidense, mediante dependencias como la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), proveerán ayuda luego de que pase la emergencia, instancia que podría tardar semanas o meses. En cuanto a los comerciantes, comentó que: “tanto el gobierno federal como estatal estamos explorando las alternativas para devolverle esa pérdida, pero deben tenerlo bien contabilizado para en el futuro resarcirle parte de las pérdidas”.

Por la tarde, en entrevista con Metro, dio a entender que se antepondrá la ayuda federal a cualquier esfuerzo estatal.

“En términos de las pequeñas y medianas empresas, estamos trabajando medidas a nivel estatal con los recursos estatales, pero al ser declarada una emergencia nacional en los Estados Unidos pues, obviamente, entra FEMA. Así que lo importante es que puedan cuantificar sus pérdidas en términos del tiempo que han dejado de trabajar para que en la eventualidad que tengamos la oportunidad de reclamar esos daños, ya sea por FEMA o por el Departamento de Salud federal, lo podamos evidenciar para que tengan una ayuda”, sostuvo.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto, no respondió una pregunta que se le formuló al mediodía de hoy en rueda de prensa, a los efectos de cuándo el gobierno pondría en vigor acciones para ayudar a la población afectada por la paralización económica ocasionada por el manejo de la emergencia sanitaria. En su lugar, dijo, igual que la gobernadora, que los comerciantes y empleados perjudicados tienen la obligación de documentar sus pérdidas para estar en posición, a futuro, de hacerle algún reclamo al gobierno estadounidense.

“Aquellos comerciantes, que sabemos que va a haber algún tipo de pérdida económica, verdad, lo que le hemos pedido a nuestros comerciantes y hacemos el llamado nuevamente es que documenten esa pérdida económica que pudieran tener durante este periodo. ¿Por qué? Porque como bien sabemos en experiencias pasadas, tanto en el huracán María como en los terremotos, el gobierno federal hace disponible una cantidad de fondos tanto para esos patronos como para los empleados que puedan quedar cesantes en este periodo. Así que, aunque eso no ha sucedido al momento, la recomendación es que lo documenten para cuando ocurra, ser lo más rápidos posible en suministrar la ayuda a estos comerciantes y a los empleados que pudieran verse afectados”, señaló el portavoz.

Cabe señalar que FEMA todavía le debe dinero a los municipios y al gobierno estatal por los gastos relacionados al periodo post María -a dos años y medio del huracán-, y que apenas comienza a atender reclamaciones de pérdidas por los terremotos registrados en enero de este año en el suroeste de Puerto Rico.

Soto cargó su respuesta a defender el toque de queda, sin entrar a discutir cómo el gobierno puede ayudar a subsanar las pérdidas económicas y falta de ingreso de la gente.

“Yo comprendo la preocupación, pero cada uno tiene una responsabilidad. Ese llamado que estamos haciendo es que todo el mundo tiene que cumplir esa responsabilidad. Ese aspecto económico se consideró antes de emitir esta orden y se hizo conversando con todos los sectores para que todos estuviéramos alineados y pudiéramos emitir una orden que sea cumplida por todos y que el gobierno de Puerto Rico lo hace como una medida preventiva ante una pandemia mundial (sic) que ustedes saben que ayer en Italia se informó que murieron 300 personas en un día. Nosotros tenemos, gracias a Dios, cinco casos (confirmados de coronavirus) solamente y vamos a seguir trabajando para ir encapsulando y logrando que ese virus no se siga regando entre nuestros ciudadanos”, expresó Soto.

Se expresan bancos y cooperativas

Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, dijo ayer que se evaluarán aprobar moratorias o planes de pago en préstamos comerciales, hipotecarios, de autos o tarjetas. La entidad incluye a Banco Popular de Puerto Rico, FirstBank, Oriental, Santander y City.

Mientras, la Corporación Pública para la Supervisión y el Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec) anunció hoy que las cooperativas de ahorro y crédito podrán ofrecer moratorias a sus socios en el pago de préstamos. Cada cooperativa evaluará los casos y decidirá los términos de las moratorias.

Acciones de otros países

España comenzó a legislar de forma expedita la semana pasada ayudas económicas para empresas y familias afectados por las medidas tomadas para frenar el nuevo coronavirus, particularmente a los padres y las madres que tuvieron que dejar de trabajar para atender a sus hijos, quienes no tienen clases ni cuido.

Italia anunció que asignaría 25,000 millones de euros para ayudar a familias y empresas. La Unión Europea aseguró que también movilizaría la misma cantidad para hacerle frente a la emergencia sanitaria.

Mientras, el gobierno de Estados Unidos está en proceso de legislar para cubrir el costo de las pruebas de COVID-19, pagar bajas por enfermedad a quienes no tengan licencias de este tipo, proveer asistencia alimentaria para menores cuya principal comida se la ofrece la escuela y facilitar el seguro por desempleo, entre otras.

El SARS-CoV-2, el nuevo tipo de coronavirus, es el causante de la enfermedad COVID-19. La Organización Mundial de la Salud la calificó como pandemia el 11 de marzo. Al día siguiente, el gobierno de Puerto Rico decretó un estado de emergencia.

Publicado: 16 de marzo de 2020