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Hogar Esperanza Unida en Ponce. (Voces del Sur / Michelle Estrada Torres)

Denuncian atropello e improvisación de Familia en traslado de ancianos

Michelle Estrada Torres
Voces del Sur

Denuncias de improvisación, atropello e insensibilidad se han levantado sobre el proceso que lleva a cabo el Departamento de la Familia (DF) para trasladar adultos mayores y con discapacidad de asilos de la zona Sur a otros pueblos donde supuestamente el impacto de los temblores es menor.

Luego del terremoto de magnitud 6.4 ocurrido el 7 de enero de 2020, el DF desde su sede en San Juan impartió la instrucción a las regiones de movilizar a los adultos mayores y con discapacidad de centros ubicados en Guánica, Guayanilla, Yauco, Peñuelas y Ponce a otros pueblos como San Sebastián, Caguas, Guayama, Aguada y Cidra. El traslado es obligatorio para las personas que están bajo custodia del Estado y para aquellas a las que Familia les paga parcial o totalmente la mensualidad del hogar.

Dueños y empleados de centros de ancianos, así como familiares, han señalado que el proceso carece de protocolo; que no se ha considerado la integridad estructural del hogar del que están removiendo; que Familia no se ha asegurado de que los hogares receptores están aptos con recursos humanos y materiales para recibir a estas personas; que no se toma en cuenta la estabilidad emocional que tienen en sus hogares actuales; y que a algunos los están trasladando en contra de su voluntad o la de sus parientes, lo que a su entender viola sus derechos civiles.

También han denunciado chantaje por parte de la agencia, pues los trabajadores sociales y otros empleados han manifestado que si la persona o sus familiares rehúsan moverse, se les retirará la subvención.

Rafael Dávila, dueño del Hogar Esperanza Unida en Ponce, indicó que Familia se llevó 12 ancianos el martes (que caminan), tres ayer (encamados) y dos hoy (delicados de salud), entre gritos y llanto de ellos y los empleados.

Los 12 del martes fueron llevados al Hogar Paraíso Escondido en San Sebastián, que inició operaciones hace un mes.

Hogar receptor pide camas y busca enfermeras

María Serrano, enfermera de Esperanza Unida, explicó hoy a Voces del Sur que el miércoles llamó a Carmen Montalvo, administradora de Paraíso Escondido, para comunicarle que a uno de los pacientes se le había quedado la insulina en Ponce y esta supuestamente le respondió que su hogar era nuevo y que no tenía manera de conseguirla. Hubo que coordinar con la farmacia para que la despachara en San Sebastián.

“También me pidió las camas y sillas de ruedas de los pacientes, pero le indiqué que ese equipo le pertenece al hogar”, agregó Serrano.

Esa petición de camas provocó que los empleados del centro de Ponce y los familiares de las personas reubicadas se cuestionaran dónde durmieron esa primera noche. Voces del Sur habló esta mañana con Montalvo y esta dijo: “Yo tenía camas, pero le dije que si los pacientes tenían camas que entonces las trajeran porque les pertenecen a los pacientes. Ellos alegaron que no, que son del centro”.

En el perfil de Facebook de Paraíso Escondido se colocaron dos mensajes el martes, a las 6:12 p.m. y 6:40 p.m. -luego de recibir a los ancianos de Ponce- en el que informaban que estaban reclutando enfermeros. Montalvo alegó que tenía personal suficiente cuando llegaron los pacientes, pero que “lógicamente, al llegar más pacientes estamos buscando más enfermeras porque aquí se hacen las cosas como tienen que ser”.

Montalvo también confirmó haber recibido una llamada del Departamento de la Familia en Ponce en la que le informaron que le llevarían 14 ancianos, pero nadie de la agencia fue antes a inspeccionar el lugar.

Montalvo aseveró que su negocio “es un hogar seguro y debidamente inspeccionado”, pero no respondió cuando este medio le preguntó si un ingeniero estructural lo había certificado seguro después del sismo de 6.4.

Voces del Sur le preguntó a Glenda Gerena, subadministradora de la Administración de Adultos y Niños (Adfan) del Departamento de la Familia, si un ingeniero estructural había certificado la seguridad de los hogares receptores y esta contestó: “yo no le puedo dar una respuesta contundente a eso”. Añadió que “la verificación (de la estructura) le toca a los dueños del hogar y se están movilizando a hacer eso”, y reconoció que Familia no tiene los peritos -ingenieros estructurales- para emitir dichas certificaciones.

Del mismo modo, Familia no ha considerado la estabilidad estructural de los hogares sureños de los cuales ha removido ancianos.

“Al edificio de nosotros no le ha pasado absolutamente nada. Si estuvieran en peligro, yo fuera el primero que los monto en la guagua y los llevo al Departamento”, afirmó el dueño del Hogar Esperanza Unida, Rafael Dávila.

Hogar Esperanza Unida en Ponce. (Voces del Sur / Michelle Estrada Torres)

No coordinan con anticipo

Por otra parte, la enfermera de Esperanza Unida, María Serrano, dijo que Familia intentó llevarse hoy a un paciente de Alzheimer y esquizofrenia que requiere oxígeno y múltiples máquinas. “Sin embargo, cuando la trabajadora social Isabel Pagán llamó al Hogar Hacienda La Bendición en Cidra, a donde sería trasladado, le indicaron que no tenían la capacidad de recibir a este paciente y por eso lo tuvieron que dejar en Ponce”.

“También intentaron llevarse a otro señor, pero el hijo dejó una carta estableciendo su oposición y le dijeron que si no accedía al traslado tenía que asumir el pago del asilo”, sostuvo Serrano.

Uno de los ancianos trasladados hoy, quien es paciente de salud mental y lleva siete años en este hogar, se fue a gritos. Ayer pasó lo mismo con una señora que llevaba 17 años en este centro. Voces del Sur lo confirmó mediante vídeos.

Dávila puntualizó que Familia alega hacer esto por razones de seguridad. No obstante, primero anunció que se llevaría a los encamados, luego canceló esa determinación, después se llevó a los que ambulan, y dejó a los encamados y los que tienen serias condiciones de salud para lo último.

Hogar Esperanza Unida en Ponce. (Voces del Sur / Michelle Estrada Torres)

Traslados a pueblos afectados por sismos

Por otra parte, Madeline Martínez, dueña del Hogar L@s niñ@s del recuerdo en Ponce, informó que hoy al mediodía le llevaron una señora de 84 años paciente de Alzheimer, esquizofrenia y diabetes, al Hogar de Ancianos Moret 2 en Aguada.

La hermana de otro paciente, Ramón López, se rehusó al traslado y fue obligada a redactar y firmar un relevo de responsabilidad improvisado, y fue notificada de que Familia dejará de cubrir el costo del hogar.

“Sé de un caso de una señora que está en un centro en Peñuelas, que la fueron a buscar y la ubicaron en un hogar aquí en Ponce. Cuando esta mañana me llama la persona del Departamento le pregunté cuál es la seguridad que ustedes están teniendo y me contestó que, en ese caso, a la señora el Departamento no le paga el hogar. Entonces le pregunté cuál es la preocupación real de ustedes si pasa un desastre. Si realmente están preocupados, debieron ponerla en donde están poniendo a los otros”, relató Martínez a este medio.

Hogar L@s niñ@s del recuerdo en Ponce. (Voces del Sur / Michelle Estrada Torres)

Tamara Pérez, presidenta de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado, también dijo que le han llegado alrededor de 20 casos con presuntas irregularidades y que entre los pueblos destino se encuentran Cabo Rojo y Lajas, que están geográficamente cerca de los municipios más afectados por los sismos.

Opuestos los familiares

Mabel A. Baiges Valentín tiene a su esposo Héctor Vargas Díaz, de 68 años, en el Hogar Esperanza Unida en Ponce desde abril de 2019. El exabogado está encamado e incapacitado, muy delicado de salud.

“El hogar es excelente y no me puedo quejar. Yo estoy contenta porque a él no le queda mucho (de vida), cada día es un regalo. Su corazón está bien comprometido. Mi esposo, si lo mueven, puede morir”, afirmó.

El pasado martes, cuando se llevaron a 12 personas, Baiges Valentín increpó a los trabajadores sociales y no obtuvo respuestas satisfactorias.

“Le pregunto si tiene copia de la orden de desalojo y me dijo que no; si tiene copia de la certificación de que esta estructura está en peligro inminente y me dijeron que no; y me dijeron que no podían certificar que van a poder regresarlo acá. Yo entiendo la situación de emergencia, pero eso no te da derecho a violar derechos civiles del paciente y su familia. Uno se siente atropellado. Es maltratante y agobiante”, manifestó la empleada municipal de Ponce.

Baiges Valentín fue al tribunal a solicitar una orden de protección al amparo de la Ley 121 y tendrá una vista el martes.

Por su parte, Teresa Arce también tiene a su padre William Arce Aponte, de 67 años y paciente de cáncer de próstata, en el Hogar Esperanza Unida.

Para su condición, Arce Aponte recibe tratamiento en una oficina médica y en un hospital de Ponce. Su hija teme que ese tratamiento se interrumpa con un traslado a otro pueblo.

“Eso sería una catástrofe porque se trata del seguimiento del tratamiento y su salud emocional. Hace nueve meses que llegó mal y ha mejorado, ha aumentado 30 libras. El centro de Ponce tiene todo, no está en zona inundable, es una estructura fuerte. No veo la razón, porque si es una cuestión de seguridad, ya la tiene. Mi papá está bien nervioso y agitado con la situación y dice que no se va”, expresó Arce.

Preocupación institucional

Tamara Pérez, presidenta de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado, dijo que están “bien preocupados y vamos a tomar acción legal contra el Departamento de la Familia por este proceso de remoción sin protocolo, por violación de derechos de los pacientes y sus familiares”.

“Ayer me llamó un señor desesperado porque le movieron a su mamá de un hogar de Ponce para Cabo Rojo, pero no sabía a dónde. Estamos recopilando evidencia para proceder. Hay personas que tienen capacidad de decidir y que han dicho que no se quieren mover, y los están obligando. No se les está tomando en cuenta su opinión ni la de sus familiares. Y decirle que van a dejar de pagarle es un chantaje. Encontramos que es una violación de derechos y discrimen porque qué tiene que ver una cosa con la otra. La familia no deja de ser familia, ni de tener derechos”, expuso.

Versión de Familia

Voces del Sur conversó ayer con Glenda Gerena, subadministradora de Adfan, quien defendió el proceder de la agencia.

“Nosotros tenemos un oficial de licenciamiento que tiene el listado de hogares y los que tienen capacidad de ubicación. Se eligen (los hogares receptores) de acuerdo a los espacios que hay en esas facilidades, se toman en cuenta las necesidades específicas (de los pacientes). Yo no voy a ubicar por ubicar. Han dicho que ha sido a la ligera, pero no es cierto”, indicó Gerena, quien aseguró desconocer los pormenores del traslado de ancianos de Ponce a San Sebastián.

Gerena confirmó que la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, no emtió una orden específica para estos traslados y que no existe un protocolo al respecto. Alegó que “es parte de los planes de emergencia movilizar a nuestra población en situación de desastre”.

“No es capricho del departamento, no es una orden de la secretaria, es una responsabilidad nuestra de velar por la protección y la seguridad de niños, adultos mayores y adultos con impedimento”, señaló la funcionaria, quien luego agregó que “prefiero que me critiquen por sacarlos que por no haberlo hecho”.

Publicado: 17 de enero de 2020