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La secretaria de Justica, Dennise Longo Quiñones, y la fiscal de distrito de Ponce, Marjorie Gierbolini, informaron sobre las acusaciones junto a las fiscales Ruth Miriam Pérez, Tasha Cruz Rodríguez y Miriam Saldaña Pérez. (Voces del Sur / Michelle Estrada Torres)

Acusan a cuatro hombres por delitos sexuales en Ponce, Juana Díaz y Villalba

Michelle Estrada Torres
Voces del Sur

Cuatro hombres fueron acusados hoy por delitos sexuales cometidos en Ponce, Juana Díaz y Villalba.

Las víctimas totalizan cinco, todas mujeres y cuatro de ellas menores de edad. Los casos incluyen incesto.

Efrén Antonio Negrón Ramírez, de 41 años, fue acusado por dos casos que tuvieron lugar en Juana Díaz. En ambas instancias, las víctimas pertenecen a su entorno familiar.

En uno de los casos, se le imputa cometer incesto y actos lascivos contra una menor de edad familiar suya en el 2016. Esta menor, quien hoy tiene 15 años, denunció el abuso en su escuela en mayo de este año y eso propició que la otra víctima hablara.

El abuso contra la segunda víctima se extendió desde el 2007 hasta el 2016, desde que esta tenía seis años hasta los 14. Ahora la joven tiene 18 años.

A Negrón Ramírez se le radicaron cuatro cargos por actos lascivos, un cargo de incesto y uno de negligencia bajo la Ley 246 de maltrato de menores.

La jueza Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $60,000. Al no prestar la suma, sería ingresado en la cárcel.

El hombre se expone a una sentencia de 30 años de prisión por los cargos de actos lascivos, 12 años por el cargo de maltrato a menores y 50 años por incesto, informó el Depratamento de Justicia.

Por otra parte, Ricardo Galarza Velázquez fue acusado de un cargo de agresión sexual por hechos cometidos contra una mujer no vidente, a quien conocía. La agresión presuntamente ocurrió el 7 de abril de este año en Ponce.

El juez Carlos Quiñones Capacetti determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $5 mil.

El tercer acusado es Erickson Irizarry Castro, quien enfrenta un cargo de maltrato bajo la Ley 246 de maltrato a menores. Su víctima es una menor de edad, también familiar. El abuso ocurrió de enero a abril de 2018.

El juez Quiñones Capacetti determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $10 mil. Este cargo tiene una pena fija de cinco años de prisión.

Falta uno por ser arrestado

Además, Eduardo J. López García fue acusado en ausencia de actos lascivos por actos supuestamente cometidos contra una menor de 16 años, integrante de su familia, en Villalba.

La víctima también denunció el abuso en la escuela. Según la investigación, el hecho ocurrió el 1 de marzo de 2019.

El juez Quiñones Capacetti determinó causa para arresto, le impuso una fianza de $100 mil y emitió la orden de detención. De salir culpable, se expone a una sentencia de 15 años de prisión.

En todos los casos, las vistas preliminares se pautaron para el 10 de enero de 2020.

Las investigaciones estuvieron a cargo de las agentes Amarilys Sotomayor y Wanda Almodóvar, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de Ponce, junto a las fiscales Tasha Cruz Rodríguez, Ruth Miriam Pérez y Miriam Saldaña Pérez.

Pide educación y paciencia

“Dos de las víctimas en estos casos reportaron los incidentes dentro del entorno escolar y hubo respuesta activa y afirmativa con los trabajadores sociales que intervinieron en esas querellas, que han llevado a que se puedan realizar las investigaciones y radicar estos cargos”, resaltó la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, quien anunció las acusaciones esta tarde en rueda de prensa junto a la fiscal de distrito de Ponce, Marjorie Gierbolini, y las fiscales de cada caso.

Longo Quiñones también puntualizó la importancia de educar sobre violencia sexual para promover la denuncia de los delitos de este tipo.

“Uno de los problemas que tiene la Fiscalía para procesar es que muchos de ellos (los casos) se dan en entornos donde la persona (agresora) es de confianza para el menor, que ha tenido acceso oportunista a ese menor y desarrolla un vínculo emocional para acostumbrar a la víctima a la conducta. Eso significa que esa víctima muchas veces se siente cohibida de reportar ese contacto y por eso es que programas de educación de menores con respecto a violencia sexual, contacto impropio, es importante para propiciar que estos casos lleguen a la luz y puedan ser procesados criminalmente”, manifestó la funcionaria.

Además, la secretaria pidió paciencia a las víctimas y sus familiares, puesto que las investigaciones pueden llegar a tomar mucho tiempo.

“El segundo punto es educar con respecto a que el encausamiento de estas personas es un proceso largo que requiere que el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia, a veces el entorno escolar con los trabajadores sociales, provean apoyo a esas víctimas y nos permitan desarrollarlas como testigos en nuestros casos y procedimientos. Y por eso es que estos procesos toman tiempo para llevarse a radicar cargos. Es importante tomarnos el tiempo para educar y para encausar”, planteó Longo Quiñones.

Publicado: 30 de diciembre de 2019