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Posada de Peñuelas. (Facebook / Gregory Gonsalez Souchet)

Avanza la Posada Peñuelas en medio de señalamientos de la Contralora

Redacción Voces del Sur

El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, ofreció detalles sobre recientes avances relacionados a la hospedería que el municipio desarrolla en el pueblo esta semana, durante la cual también salió a la luz pública un informe de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico que apunta a irregularidades durante el proceso de construcción.

El local, denominado como Posada Peñuelas, podría abrir sus puertas tan pronto como enero del 2020, según reveló el mandatario sureño a través de una transmisión en vivo el pasado miércoles en su perfil en el medio social Facebook.

Durante el mensaje, en el cual Gonsález Souchet no hizo mención de los señalamientos de la auditoría, el ejecutivo señaló a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como una de las causas principales del retraso en el proceso de completar la hospedería.

La construcción, aseguró, estaba prácticamente detenida por el abandono de la corporación pública.

“Han sido dos años de grandes luchas. Han sido dos años donde hemos perdido mucho económicamente después del huracán María, precisamente por la negligencia de los directivos de la AEE y esperamos que no sean por razones políticas. Hoy, finalmente, luego de esos dos años… nuestro hotel municipal ha sido energizado”, celebró el líder peñolano, al resaltar que la posada se convertirá en “punta de lanza para el desarrollo económico” y “desarrollo turístico” del pueblo.

Irregularidades en el proceso de construcción

La posada ha sido eje de controversia durante los pasados días luego de que su proceso de construcción  figuró entre las irregularidades señaladas por la Contralora en su más reciente informe de auditoría, la cual abarca el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2018.

De acuerdo con el informe, la compañía contratada para la construcción del hotel subcontrató ocho compañías adicionales para llevar a cabo trabajos de electricidad, plomería, sellado de techos, aceros, concretos, sistema contra incendios, instalación de elevador y ebanistería sin la autorización del municipio, acción que va en contra de los requerimientos establecidos por ambas partes.

El documento subrayó como causa de esta acción que, pese a la cláusula relacionada a la aprobación previa por parte del municipio, el exalcalde Walter Torres Maldonado prefería “ser señalado por esto en los informes de auditoría, a tener que lidiar con los subcontratistas en caso de que surja alguna reclamación por estos”.

De acuerdo con el reporte de la auditoría, el municipio responsabilizó de esta acción a la persona encargada de inspeccionar la obra al asegurar tener minutas de reuniones entre esta figura y el contratista en la que este último hizo caso omiso a una solicitud de entrega de una lista de los subcontratistas.

“Contrario a lo que era de esperarse, el inspector no alertó al municipio sobre dicho incumplimiento. Esta es la mejor constancia de que se trataba de un asunto de entera responsabilidad y seguimiento de parte del inspector en representación del municipio”, sostuvo el ejecutivo peñolano en su respuesta a la Contralora.

La entidad gubernamental advirtió que la situación pudo resultar perjudicial al municipio ya que lo “privó de evaluar si los subcontratistas cumplían con los requisitos y la experiencia necesaria para realizar los trabajos”.

Otros señalamientos

Por otro lado, el informe reveló el hallazgo de la contratación de una compañía entre el 13 de julio de 2016 al 2 de agosto de 2017 para servicios técnicos de refrigeración y de aires acondicionados la cual no estaba constituida como una corporación profesional.

El dueño de la entidad tampoco estaba autorizado para realizar los trabajos ya que su licencia para estos fines está vencida desde el 27 de julio de 2008.

Se indicó que el municipio formalizó cinco contratos por $45,080 con la compañía.

La causa en este caso fue atribuida por parte de la Contralora a que “los funcionarios y empleados de la Oficina de Secretaría Municipal se apartaron de sus deberes, funciones y responsabilidades” y no verificaron que la corporación estaba autorizada y/o exigieron al contratista evidencia de que tuviera vigente su licencia profesional de técnico de refrigeración.

Este señalamiento fue referido ante la consideración del Departamento de Justicia para que “determine las acciones administrativas o judiciales a seguir”.

Por último, el informe detalla que existen deficiencias relacionadas con el archivo y el área designada para conservar los documentos públicos inactivos del pueblo sureño.

Publicado: 23 de noviembre de 2019