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Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. (Facebook)

Colegio de Abogados: Existen bases jurídicas para residenciar a Rosselló

Redacción Voces del Sur

Según el análisis del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, existen suficientes bases jurídicas para que la Cámara de Representantes inicie un proceso de residenciamiento en contra del gobernador Ricardo Rosselló Nevares por la posible comisión de delitos que se desprenden de las conversaciones que mantuvo con miembros de su administración en el chat de Telegram.

El grupo de abogados y abogadas identificó un total de 12 posibles violaciones al Código Penal de Puerto Rico, dos violaciones a la ley de ética gubernamental y una violación a la ley federal.

“Entendemos que las conductas y omisiones del Sr. Ricardo Rosselló, en unión a los demás participantes en el chat, pueden constituir delitos graves y delitos menos graves que implican depravación. Hay base más que suficiente para que la Cámara de Representantes inicie el proceso de residenciamiento contemplado en la Constitución, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de su responsabilidad constitucional e histórica”, lee el informe.

A continuación, el desglose de los delitos:

  • Enriquecimiento injusto, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicio públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales o enriquecimiento ilícito (art. 251, 252, 254 o 250)

La participación del abogado y cabildero Elías Sánchez Sifonte, exrepresentante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal y quien ya no tenía puestos públicos, establece la posibilidad de que la información y las influencias ejercidas en estas discusiones eran de beneficio para su persona o de sus clientes.

  • Amenaza, emplear violencia o intimidación contra la autoridad pública o incitación a violencia (art. 177, 245, 242A)

Estos posibles delitos fueron identificados a raíz de la expresión de Christian Sobrino, principal oficial financiero y representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, al expresar que estaba “salivando por caerle a tiros” a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

  • Recopilación ilegal de información personal para discriminar contra una persona en su permanencia en el empleo (art. 167)

El gobernador participó directamente en la conversación donde se discutió sustituir a Griselle Morales de su puesto en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras por una persona militante en el Partido Nuevo Progresista (PNP). Morales es esposa del senador Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

  • Resistencia y obstrucción a la autoridad pública por impedir el cumplimiento de obligaciones y conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia en su modalidad de conspirar contra un funcionario en el ejercicio de las responsabilidades asignadas a su cargo (art. 246 y 284)

Ramón Rosario, exsecretario de Asuntos Públicos quien ya no ocupaba puestos públicos, expresó en el chat que el informe del entonces monitor de la Policía de Puerto Rico, Arnaldo Claudio, sería “un dolor de cabeza mayor en el 2020” y que “tiene agenda pero hay que meterle mano”.

  • Malversación de fondos públicos (art. 264)

Independientemente si obtuvo beneficio para su persona o un tercero, el chat muestra un sinnúmero de conversaciones relacionadas con exaltar la figura del gobernador y el adelanto de sus ideas políticas y las del PNP. Por ende, el delito existe en que el funcionario público es responsable de la administración, traspaso, cuidados, custodia, desembolso o control de los fondos públicos si los utiliza para un fin no autorizado o contrario a la ley.

  • Entrar en un convenio o acuerdo para cometer un delito, aunque dicho delito nunca se concrete (art. 244)

Entrar en convenio o acuerdo para cometer un delito, aunque el mismo no se concrete, es un delito según el Código Penal. Los miembros del Colegio de Abogadas y Abogados aseguraron que “el examen cuidadoso de las páginas que recogen el chat de 50 días revela múltiples conversaciones que pueden constituir conspiraciones para cometer diversos delitos”.

  • Ley de ética gubernamental (art. 4.2 y 4.7)

El gobernador y miembros de su administración utilizaron el chat para avanzar sus intereses personales o de negocios, consistiendo en gasto público no relacionados con la función gubernamental.

  • Delito de conspirar para perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a una persona en el libre ejercicio o disfrute de cualquier derecho o privilegio garantizado por la Constitución y leyes de los Estados Unidos (ley federal 18 U.S.C. 241)

Los múltiples ataques a la reputación e intimidad de diversas personas en el chat podrían constituir violaciones a la ley federal que tipifica el delito de conspirar para perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a una persona.

Sobre el chat

En el chat, que contiene intercambios desde el 30 de noviembre de 2018 al 20 de enero de este año, participaron: Ricardo Rosselló Nevares; el entonces principal oficial financiero (CFO) y secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el secretario de Estado, Luis Rivera Marín; el entonces asesor legal del gobernador, Alfonso Orona; el principal oficial financiero y representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino; los relacionistas Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; el publicista Edwin Miranda; el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; y el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira.

Asimismo, participaron y tuvieron información gubernamental privilegiada Ramón Rosario, exsecretario de Asuntos Públicos, y Elías Sánchez Sifonte, exrepresentante del gobierno ante la Junta, a pesar de que ya no tenían puestos públicos.

El chat se fue filtrando poco a poco la semana pasada en diversos medios de comunicación y provocó una rueda de prensa de Rosselló Nevares el pasado jueves por la noche, en la que aseguró no renunciaría a su puesto.

Sin embargo, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) divulgó la totalidad del chat el sábado, 13 de julio, tras lo cual integrantes de su Partido Nuevo Progresista, políticos de oposición y distintos componentes de la sociedad civil le pidieron la renuncia inmediata.

El chat, de 889 páginas, contiene expresiones burlonas, ofensivas, machistas, misóginas y homofóbicas hacia diversidad de funcionarios de gobierno, políticos, periodistas, figuras públicas y privadas.

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Publicado: 19 de julio de 2019