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Yanina Moreno presenta su ponencia durante el Town Hall Meeting (o vista pública) de la reforma de la Policía de Puerto Rico efectuado en el Antiguo Casino de Ponce. (Suministrada / Mari Mari Narváez)
Yanina Moreno presenta su ponencia durante el Town Hall Meeting (o vista pública) de la reforma de la Policía de Puerto Rico efectuado en el Antiguo Casino de Ponce. (Suministrada / Mari Mari Narváez)

Residentes de Peñuelas denuncian incumplimiento de la Policía con la reforma

Las comunidades peñolanas afectadas por el depósito de cenizas de carbón denunciaron anoche que la Policía de Puerto Rico ha violado consecuentemente sus derechos civiles, lo que supone el incumplimiento con el proceso de reforma al que está sometido este cuerpo por parte del gobierno estadounidense.

Las expresiones en nombre de la comunidad de Tallaboa Encarnación y otros sectores peñolanos fueron vertidas por Yanina Moreno durante el Town Hall Meeting (o vista pública) efectuada en el Antiguo Casino de Ponce con la presencia del monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio.

Moreno, una de las portavoces del Campamento contra las cenizas de carbón en Peñuelas, hizo un recuento de la intervención policiaca en los pasados tres años durante las manifestaciones ciudadanas que buscaban detener el depósito de cenizas de carbón de la empresa Applied Energy Systems (AES) de Guayama en los vertederos de su municipio.

“A cinco años de llegar al acuerdo y cerca de siete años de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara el informe sobre la investigación a la Policía de Puerto Rico sobre prácticas de violaciones de derechos civiles, las comunidades de Peñuelas podemos testificar que ese patrón continúa y hemos sido victimas de la Policía de Puerto Rico”, expresó Moreno al comenzar su alocución.

La portavoz indicó que los agentes usaron fuerza excesiva e incluso agredieron a manifestantes, que no procesaron las querellas con alegaciones contra agentes, que los privaron de la libertad de movimiento y que restringieron el acceso a sus residencias.

Moreno dijo, además, que la Uniformada restringió su libertad de expresión, no se comunicó adecuadamente con los representantes de la comunidad, no usaban identificación durante los operativos, discriminaban a los manifestantes al tiempo que favorecían a los camioneros, y que realizaron arrestos selectivos e injustificados.

También señaló que la Policía incurrió en la movilización excesiva de recursos humanos y equipo para los operativos donde escoltaron a los camiones con cenizas desde Guayama hasta el vertedero Peñuelas Valley Landfill.

Asimismo, recordó el día en que los agentes lanzaron gases lacrimógenos hacia residencias de la calle marginal de la carretera PR-2, en la entrada de Tallaboa Encarnación, donde viven adultos mayores y personas encamadas.

“La policía no dio aviso alguno para que las personas vulnerables se retiraran del lugar. Algunos no pudieron ni refugiarse en sus hogares, ya que algunos de los cartuchos cayeron en sus marquesinas o patios, inundando sus casas de los gases lacrimógenos. Recibí el testimonio de vecinos que tuvieron que darle auxilio a sus mascotas que también se afectaron con la situación”, sostuvo.

Al centro el monitor federal de la reforma, Arnaldo Claudio, y su derecha la coronela Clementina Vega, directora de la reforma, y el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera. (Facebook / Policía de Puerto Rico)

Al centro el monitor federal de la reforma, Arnaldo Claudio, y su derecha la coronela Clementina Vega, directora de la reforma, y el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera. (Facebook / Policía de Puerto Rico)

Moreno agregó que el 20 de julio de 2017 presentaron una querella administrativa ante la Policía y todavía no han recibido respuesta.

“La misma recoge violaciones de derechos civiles y abuso policiaco ocurridas en julio de 2017, pero ese practica se ha observado por años. Estos sucesos fueron informados a la exsuperintendente de la Policía, Michelle Hernández, y al Monitor Federal de la Policía de Puerto Rico, Arnaldo Claudio, y la coronela Clementina Vega en distintas ocasiones por vía telefónica, vía escrita mediante querellas formales y en reuniones que sostuvimos con ambos en distintos momentos. A pesar de esto no tenemos conocimiento de que se haya realizado alguna investigación al respecto ni hemos visto cambios en dicha práctica”, destacó.

Moreno requirió se investiguen estas prácticas.

“Es meritorio que se investigue estas violaciones por parte de la Policía, se revisen los procedimientos y protocolos para atender manifestaciones de expresión pública de manera que se garanticen los derechos civiles de los ciudadanos y que se exija la rendición de cuentas cuando la Policía no cumple con los mismos. Siete años sin cambios ya es suficiente. La reforma de la Policía no se puede cumplir solo en papeles, necesitamos ver frutos y para eso es necesario tener la voluntad de hacerlo”, dijo Moreno.

En la vista pública estuvieron presentes el monitor federal de la reforma, Arnaldo Claudio; la coronela Clementina Vega, directora de la reforma; el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera; el abogado Joel Torres, de la División Legal de la Policía; los abogados Luis Saucedo y Sarah López, en representación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Igualmente, se encontraba el abogado Alfredo Castellanos, asignado por el juez federal Gustavo Gelpí para dirigir la audiencia.

Catorce personas de distintos sectores presentaron sus ponencias, incluido el director ejecutivo de Med Centro, Allan Cintrón Salichs.

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Publicado: 19 de julio de 2018