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El ambientalista Víctor Alvarado y el abogado Jaime Ruberté (segundo y tercero en la mesa) denunciaron los actos de agresión, vandalismo y provocación, así como amenazas de muerte, contra las personas que se oponen al depósito de cenizas de carbón en Peñuelas. (Facebook / Juan Agosto)
El ambientalista Víctor Alvarado y el abogado Jaime Ruberté (segundo y tercero en la mesa) denunciaron los actos de agresión, vandalismo y provocación, así como amenazas de muerte, contra las personas que se oponen al depósito de cenizas de carbón en Peñuelas. (Facebook / Juan Agosto)

Denuncian actos de violencia en contra de manifestantes opuestos a las cenizas

Actos de vandalismo, agresiones y hasta amenazas de muerte han sido solo algunos de los sucesos que han sufrido en los pasados meses los manifestantes en contra del depósito de cenizas de carbón mineral en Peñuelas, cuyos reclamos han caído en oídos sordos ante la Policía y otros componentes del gobierno de Puerto Rico.

Ante el incremento en el número de incidentes violencia, que incluye una serie de amenazas por medios electrónicos dirigidas a integrantes del Campamento contra las cenizas de carbón en Peñuelas, un grupo de ciudadanos realizó hoy una conferencia de prensa en la sede del Colegio de Abogados de Puerto Rico en la que, entre otros asuntos, responsabilizaron directamente al gobernador Ricardo Rosselló Nevares de cualquier agresión que ocurra en contra de los manifestantes.

“Han estado realizando actividades específicas de agresión en contra de la propiedad del campamento”, indicó el abogado Jaime Ruberté al señalar que en los pasados días una o varias personas incendiaron un baño portátil que se encontraba en el área.

El abogado señaló que también se han registrado actos de agresión en contra de ciudadanos por parte de la Policía en las manifestaciones en la entrada de la empresa Applied Energy Systems (AES), generadora de las cenizas de carbón mineral, en Guayama. En este caso, sostuvo, los policías “aprovechan el estado de situación de la noche que no hay la misma prensa y cantidad de personas para cometer estos actos ilegales”.

El letrado denunció que agentes de la Uniformada están al tanto de los actos ilegales que ocurren en contra de los ciudadanos y no hacen nada al respecto ya que presuntamente actúan en conjunto con la empresa privada para amedrentar a las personas que se oponen al depósito del material. Estas cenizas, de acuerdo con varios estudios científicos, pueden contener metales pesados como arsénico, plomo, mercurio, selenio, aluminio, antimonio, bario, berilio, cloro, cobalto, manganeso, molibdeno, níquel, talio, vanadio y zinc.

“Hay una señal clara de cómo la Policía conspira con la empresa para actividades ilegales. Cuando van a ocurrir actos violentos la Policía se retira”, mencionó Ruberté, al agregar que en los pasados días agentes atravesaron el campamento con motoras en un “acto de provocación”.

“Siempre habían dicho que el campamento era el área designada para la expresión pública”, reclamó.

El jurista también relató cómo uno de los manifestantes arrestados, que tuvo que ser llevado al hospital, escuchó a un alto oficial de la Uniformada referirse a él con palabras obscenas y decir que su vehículo se encontraba en una lista de personas que asisten al campamento.

“Estos actos de agresión y actos vandálicos contra el campamento y los manifestantes están ocurriendo a ciencia y paciencia de la Policía de Puerto Rico y, no solamente eso, sino que están ocurriendo con el respaldo específico de la Policía. Estamos viendo un escenario de carpeteo, fabricación de casos y de agresión”, sentenció Ruberté, quien agregó que la Policía se “burla” de las querellas presentadas por los ciudadanos durante el proceso investigativo.

Durante la conferencia se indicó que los manifestantes tienen información referente a que los camioneros supuestamente planifican llevar personas privadas para agredir a los manifestantes.

“Estamos solicitando que se detenga esta violencia institucional”, reclamó, por su parte, el portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado Guzmán.

“No queremos que haya mártires en esta causa. Estamos haciendo responsable al gobernador de Puerto Rico de cualquier suceso que ocurra”, agregó Alvarado Guzmán, quien destacó que la escalada violenta hacia los manifestantes “podría terminar en una tragedia”.

El ambientalista sureño apuntó a que el gobernador está coordinando con la empresa AES y la Policía la entrada de camiones al vertedero Peñuelas Valley Landfill y que ha habido una falta de acción de agencias gubernamentales como la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para monitorear esta práctica.

Ante la inacción de las autoridades, los ciudadanos anunciaron que convocarán un Tribunal de Pueblo, que será constituido por la propia comunidad para juzgar las acciones del gobierno.

Publicado: 23 de agosto de 2017