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Un fuerte contingente policiaco se mantuvo presente en todo momento en la entrada del vertedero mientras camiones entraban para depositar cenizas.
Un fuerte contingente policiaco se mantuvo presente en todo momento en la entrada del vertedero mientras camiones entraban para depositar cenizas. (Voces del Sur)

Manifestantes anticenizas llevan reclamos a superintendente de la Policía

El uso de agentes y patrullas de la Policía para escoltar a lo largo de varios pueblos a camioneros, la negativa de oficiales para tomar querellas y el obstruir la atención médica a un manifestante fueron parte de los puntos que representantes del grupo de opositores al depósito de cenizas de carbón en Peñuelas le presentó a la superintendente Michelle Hernández de Fraley durante una reunión el pasado viernes en el municipio de Ponce.

Entre los presentes en la reunión se encontraban Yanina Moreno y Jimmy Borrero, portavoces del Campamento contra las cenizas de Peñuelas. Estos expresaron que le informaron a la líder de la Uniformada que varios agentes se negaron a tomar querellas en contra de los camioneros el pasado mes de noviembre cuando los transportistas bloquearon por varias horas el tránsito en la carretera PR-2 luego de que ciudadanos evitaran el paso de camiones al vertedero Peñuelas Valley Landfill.

“Nosotros quisimos hacer querellas contra los camioneros y la Policía no quiso tomarlas. Ese es su trabajo y se negaron a hacerlo”, planteó Borrero a través de un comunicado que resumió los puntos más importantes dialogados en la reunión.

Por su parte, el portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas destacó que la superintendente indicó que el pasado año el cuerpo policiaco estatal intervino en la situación debido a que los obligaba una orden judicial, situación que cambió ante una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que avaló una ordenanza municipal de Peñuelas que prohíbe el depósito de cenizas de carbón en su jurisdicción.

«Ante la decisión del Tribunal Supremo, avalando las ordenanzas municipales que prohíben el uso de las cenizas tóxicas de carbón, la Policía ya no está obligada a intervenir. Según la coronela, la acción le tocaría en primera instancia al alcalde, Walter Torres. Pero, le fuimos enfáticos de que, si la carbonera AES volviera a intentar enviar sus desperdicios tóxicos a Peñuelas, allí estaremos deteniendo los camiones nuevamente”, sentenció Alvarado Guzmán.

El conjunto de activistas también levantó la voz de alerta ante “la selectividad al momento de grabar o intervenir con los manifestantes” y lo que consideraron fue una postura parcializada en favor de la empresa Applied Energy Systems (AES). El grupo sostuvo que los arrestos a manifestantes fueron ilegales.

“Le explicamos que por eso vimos con suspicacia su visita en diciembre al área del vertedero en Peñuelas, igual que la forma tan rápida en la que se reunió con el abogado de EC Waste”, destacó por su parte Manolo Díaz, portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa, Inc.

Precisamente sobre esta reunión, se indicó que Hernández de Fraley reveló que la misma había sido coordinada desde La Fortaleza.

El colectivo también solicitó a la líder de la Uniformada que sus oficiales estén vigilantes ante la práctica de agentes de seguridad armados y pagados por las empresas que favorecen el depósito de cenizas de amenazar “el espacio personal durante o fuera de las manifestaciones, tomando fotos o videos de los manifestantes o incluso yendo a los hogares de las personas”.

Publicado: 13 de marzo del 2017