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Plaza Las Delicias en Ponce.
Alcaldía y Legislatura Municipal en la Plaza Las Delicias en Ponce. (Voces del Sur)

Referidos a Justicia y Ética por irregularidades en compras del Municipio de Ponce

La contralora Yesmín Valdivieso refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el hallazgo de una auditoría al Municipio de Ponce relacionado a presuntas irregularidades en el proceso de compras de enseres electrodomésticos que se le donaron a ciudadanos.

La auditoría cubrió el periodo del 12 de enero de 2009 al 30 de junio de 2014, y se centró en los procesos de evaluación de cotizaciones y selección de proveedores que realizó el Departamento de Servicios al Ciudadano para adquirir muebles y enseres electrodomésticos que serían regalados a personas con necesidad. Para esa fecha, Omayra Colón Pérez dirigía el citado departamento.

La contralora concluyó que la empleada de ese departamento que se encargaba de hacer las compras, quien no fue identificada, alteró al menos 109 cotizaciones de siete proveedores para favorecer a uno solo. Para ello, supuestamente, hizo anotaciones como “C.O.D., Cash, Pago C.O.D., Se exige pago C.O.D., Requiere Pago C.O.D, Forma de pago C.O.D4” en las cotizaciones, con una tinta de bolígrafo distinta a la original. Esos términos establecían que los proveedores solo aceptaban dinero en efectivo, lo que los descalificaba porque el municipio no puede pagar de esa manera.

“Dichas cotizaciones no fueron consideradas al momento de adjudicar las compras, a pesar de que los precios eran más bajos que los que ofreció el proveedor favorecido. Por esto, el municipio pagó en exceso $5,001”, señaló la contralora.

El informe de hallazgos de la auditoria, fechado el 24 de septiembre y divulgado hoy, estipula que de agosto de 2009 a noviembre de 2012 el municipio emitió 524 órdenes de compra por $517,107 a favor de un proveedor. Indica, además, que de agosto de 2010 a noviembre de 2012 se pagaron 386 de dichas órdenes por $451,690, de las cuales la Oficina del Contralor examinó 232 por $357,953.

Un examinador de documentos del Negociado de Ciencias Forenses de Puerto Rico analizó 102 cotizaciones, para lo que les realizó pruebas de escritura a Omayra Colón Pérez y a la compradora, el 11 de marzo de 2014.

“El 16 de octubre de 2014 el perito emitió un informe en el que concluyó que la compradora fue la autora de las escrituras en 60 de las cotizaciones examinadas”, establece el informe, que no entra en materia de quién pudo haber alterado las demás.

La contralora informó que la compradora pudo haber violado los artículos 8.005, 11.001, 11.011(a)(9) y (b)(1) y (6), 11.027, 10.007(a), 6.005(f) y 8.010(d) de la Ley 81-1991.

“Atribuimos las situaciones comentadas a que la compradora se apartó de las disposiciones citadas y no protegió los intereses del municipio al alterar las cotizaciones para beneficiar a un proveedor. Además, actuó en perjuicio de los fondos públicos pertenecientes al municipio. Por otro lado, la directora del Departamento de Servicios al Ciudadano no supervisó adecuadamente las funciones que realizaba dicha empleada”, afirmó Valdivieso.

Suspensión sumaria

El borrador de este Informe se le envió a la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, el 7 de agosto de 2018. Tres días después, la Oficina de Auditoría Interna del municipio ordenó a la Oficina de Recursos Humanos realizar una investigación administrativa sobre el particular y el 14 de agosto la alcaldesa suspendió sumariamente a la compradora “hasta que se celebre la vista administrativa informal y se le notifique la determinación final”.

Sin embargo, ni en su respuesta a la contralora ni en un comunicado de prensa enviado hoy, Meléndez Altieri indicó si tomó alguna medida contra la entonces directora del Departamento de Servicios al Ciudadano, Omayra Colón Pérez.

La alcaldesa agregó que la empleada implicada en este caso fue trasladada de oficina en noviembre de 2015 y ya no realiza gestiones de compra.

Sobre los referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental, dijo que se hizo disponible para colaborar.

“Nos reiteramos que siempre estaremos en la disposición de cooperar con la Oficina del Contralor y al Departamento de Justicia y cualquier agencia concerniente para promover y procurar la sana administración pública y el buen manejo de los fondos”, manifestó Meléndez Altieri en declaraciones escritas.

Publicado: 2 de octubre de 2018