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Esta es la cuarta vista pública sobre los tres proyectos de ley que prohibirían el uso y disposición de cenizas de carbón en el país. (Suministrada)
Esta es la cuarta vista pública sobre los tres proyectos de ley que prohibirían el uso y disposición de cenizas de carbón en el país. (Suministrada)

AEE dice que enmendó contrato con AES por el costo de exportar cenizas de carbón

Dos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) teorizaron ayer que la enmienda que se le hizo en el 2015 al contrato con Applied Energy Systems (AES) para permitirle depositar en Puerto Rico sus cenizas de carbón respondió a que a la empresa le resultaba oneroso sacar el material del país.

Esto, porque supuestamente empezó a perder clientes a quienes venderle el producto Agremax (cenizas humedecidas) para proyectos de construcción, lo que la empresa y el gobierno catalogaban como “uso beneficioso”.

Cabe señalar que el 1 de diciembre de 2016, en una rueda de prensa en su planta de Guayama, los directivos de AES alegaron que todo el residuo de la combustión de carbón tenía un “uso beneficioso”, como material de construcción en Puerto Rico y en el exterior, y que fue después de que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) catalogara las cenizas de carbón como basura en el 2014 que solicitaron la enmienda en el contrato con la AEE. Sin embargo, estos no pudieron explicar por qué razón, si había demanda por este material, se formó una montaña gigante de cenizas en la planta.

Durante la cuarta vista pública de la Comisión senatorial de Salud Ambiental y Recursos Naturales sobre los proyectos del Senado 81, 123 y 128, que prohibirían el uso y disposición de cenizas de carbón en el país, el director ejecutivo de la AEE, Ricardo Rodríguez Ramos, no estuvo presente. El funcionario delegó el asunto en el abogado Joel Ayala Hernández, de la División de Opiniones, Legislación y Contratos, y el ingeniero Roberto Rivera Medina, de la División de Planificación y Estudios, contrastan con la versión de AES.

La enmienda

“Esta cláusula realmente se enmienda a instancias de la AEE que, probablemente, está sufriendo los costos de tener que sacar las cenizas fuera de Puerto Rico. La AEE hizo su ‘due diligence’ (debida diligencia) y se comunicó con las agencias pertinentes y expertas en este tema para entonces poder proceder y ceder ante la petición de AES”, indicó Ayala Hernández cuando el senador Larry Seilhamer, autor del P. del S. 81, le preguntó cuál era el problema de AES que la AEE quería resolver.

Los representantes de la AEE señalaron varias veces que la corporación pública actuó a raíz del aval que dieron la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y la JCA para depositar las cenizas en Sistemas de Relleno Sanitario autorizados.

“Me imagino que en algún momento del desarrollo comercial se empiezan a terminar las opciones comercialmente beneficiosas para AES”, dijo, por otro lado, el ingeniero Rivera Medina.

Seilhamer puntualizó que el contrato estipulaba que aquellas cenizas a las que no se les pudiera dar un “uso beneficioso”, tendrían que ser sacadas de Puerto Rico y que ese costo ya estaba contemplado como un gasto operacional de AES. De parte del ingeniero, solo recibió un “sí”.

El senador preguntó, entonces, por qué la AEE no pidió una rebaja en el costo por kilovatio hora, si la enmienda le daría a AES un alivio económico, y el ingeniero respondió que la energía ya era barata.

“Ese planteamiento del ahorro, aunque muy cierto y quizás hasta lo comparto en un sentido, el problema está en que es unidireccional. Estamos viendo el ahorro que pudo haber salido por algún cambio en cómo disponemos las cenizas de carbón, pero es que ya el contrato tiene unas garantías de ahorro por un periodo de 25 años que se estipularon previo a eso”, planteó Rivera Medina.

“No los estoy defendiendo, pero ellos están tratando de buscar una solución a su problema. Si ellos tienen un ahorro operacional por eso, eso no fue parte de esa discusión. Bien pudo haberse incluido como (ustedes) plantearon, no fue parte del alcance de esas discusiones, pero seguimos teniendo ahorros garantizados por la vía del contrato”, añadió.

Rivera Medina fue más allá y dijo que la AEE le dio un “acomodo razonable” a AES.

“Existe un estatuto federal bueno, malo o regular que permite la disposición de cenizas de carbón. Se trató de buscar ese acomodo. Esto es acomodo razonable a una problemática que posiblemente no tenía ningún resultado favorable para ninguna parte porque la salud del pueblo va por encima de cualquier consideración de negocios y esas cosas”, expuso.

En defensa de la enmienda, el licenciado Ayala Hernández expresó que “lo que hace la enmienda es sujetar la AES a las agencias reguladoras y a cualquier ley que posteriormente se apruebe en torno a este tema. Si hoy día se aprueban cualquiera de estos proyectos, esa enmienda ata a la AES al cumplimiento  de cualquier ley, ya sea más o menos onerosa”.

Nada ilegal

Seilhamer les preguntó si entendían que AES depositó cenizas en Puerto Rico de manera ilegal antes de la enmienda al contrato y recibió un “no” como respuesta. “Que yo tenga conocimiento, no”, dijo el ingeniero, mientras el abogado indicó que “del expediente no surge ese dato”.

“Con todo el respeto, se me hace bien difícil (creerlo). Esto es un asunto que queda plasmado en el record, de depósito ilegal violentando el contrato, pero ustedes para el record dicen que no les consta”, manifestó Seilhamer indignado.

“Yo tengo la evidencia de que AES violentó las disposiciones del contrato con la AEE, pero ustedes dicen que no tienen conocimiento”, agregó el legislador.

Amenaza de aumentos

En la ponencia que presentó por escrito, el director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos Rodríguez, advirtió que si cambian las condiciones de negocio de AES de manera que disminuyan sus ganancias, la consecuencia sería el aumento en las tarifas de los abonados.

Ramos Rodríguez dijo que si el ratio de cobertura del servicio de la deuda (la diferencia entre ingresos versus gastos operacionales) de AES baja de 1.15 debido al incremento de impuestos o costos ambientales, “le correspondería a la Autoridad realizar los pagos por estos costos adicionales”, según estipula el artículo 20 del contrato.

“Es importante señalar que la Autoridad transfiere, a su vez, dichos costos a sus clientes a través de la cláusula de ajuste por energía comprada”, destacó Ramos Rodríguez.

El funcionario también señaló que se opone al cierre de AES y que la corporación pública incluso  recomendó la extensión del contrato, que vence en 10 años, como parte del Plan Integrado de Recursos. Afirmó, además, que el retiro de AES “podría causar un incremento en los costos de producción de energía y representaría una inversión millonaria (para la AEE), ya que esta tendría que construir una unidad de tamaño similar para suplir la carga”, que requeriría $400 millones.

Asimismo, dijo que la energía que suple AES “no puede ser sustituida por fuentes de energía renovable” porque la capacidad del sistema para integrarlas está “comprometida”.

Publicado: 28 de abril de 2017

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